Libro de reclamaciones y resolución de litigios
Esta página reúne los canales oficiales para reclamar y para resolver un litigio de consumo. Es distinta de nuestro soporte: el soporte responde a solicitudes de ayuda, mientras que el Libro de Reclamaciones Electrónico es un canal público gestionado por el Estado portugués.
Esta página está redactada en portugués y se facilita también en inglés y español. En caso de discrepancia entre versiones, prevalece la versión portuguesa; las traducciones se ofrecen para facilitar la lectura.
Libro de Reclamaciones Electrónico
Puede presentar una reclamación sobre este servicio en la plataforma oficial del Libro de Reclamaciones Electrónico. La reclamación se envía automáticamente tanto a nosotros como a la entidad competente para examinarla.
Abrir el Libro de Reclamaciones Electrónico
Respondemos en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la fecha de la reclamación, conforme al artículo 5.º-B, n.º 4, del Decreto-Ley 156/2005, de 15 de septiembre, en su redacción dada por el Decreto-Ley 74/2017, de 21 de junio.
Este enlace abre la plataforma pública del Estado. No es nuestro formulario de soporte, y nuestro soporte no sustituye al Libro de Reclamaciones — puede usar cualquiera de los dos, o ambos.
Resolución alternativa de litigios de consumo (RAL)
No estamos adheridos a ninguna entidad de resolución alternativa de litigios de consumo. La adhesión es voluntaria y, hasta la fecha, no la hemos suscrito.
Aun así, en caso de litigio de consumo puede acudir a la entidad de RAL legalmente competente. En los contratos celebrados a distancia es, por regla general, competente el centro de arbitraje de conflictos de consumo del domicilio del consumidor.
En las zonas del territorio portugués no cubiertas por otro centro es competente el Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo (CNIACC).
La lista actualizada de las entidades de RAL la publica la Direção-Geral do Consumidor en el Portal do Consumidor.
Esta información se facilita al amparo del artículo 18 de la Ley 144/2015, de 8 de septiembre.